El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la creación de la Agencia Estatal de Investigación, un organismo que se encargará de la financiación, evaluación y asignación de fondos para la investigación y desarrollo (I+D), y cuya puesta en marcha recogía la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de 2011.

Su objetivo es dotar al sistema español de ciencia, tecnología e innovación de una gestión “más flexible, ágil y autónoma”, señalaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este nuevo organismo, que contará con aproximadamente 300 empleados, dotará de mayor estabilidad a las ayudas públicas de la I+D gracias a la planificación plurianual de sus recursos, pudiendo fijar objetivos a medio plazo y posibilitando que las convocatorias de proyectos o de recursos humanos cuenten con la necesaria previsibilidad en los plazos y en la financiación. Dispondrá de un sistema de evaluación independiente basado en criterios científicos y técnicos para asegurar la promoción de la calidad y la excelencia.

En un plazo no superior a 60 días se constituirá el órgano de gobierno de la Agencia, el Consejo Rector, que deberá nombrar como director -único responsable ejecutivo- a un investigador o tecnólogo con experiencia en la gestión de la I+D.